Protección y asistencia a víctimas de trata de personas no debe estar supeditada a la denuncia

Alianza Colombiana contra la Trata de Personas

Bogotá., julio 30 de 2015.- En el día mundial contra la trata de personas, la Alianza Colombiana de Organizaciones de Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, conformada por 23 organizaciones colombianas de la sociedad civil y un aliado externo*, pide que la protección y asistencia a víctimas de trata de personas en Colombia cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que indican que éstas deben brindarse independientemente de si se presenta o no una denuncia penal.

Exigir denuncia penal para acceder a servicios de asistencia y protección fue uno de los requisitos establecidos en el decreto 1069 de 2014 del Ministerio de Interior, medida que –en su informe anual sobre la lucha contra la trata de personas en el mundo, presentado hace apenas tres días– el Departamento de Estado de los Estados Unidos le recomendó revisar a Colombia.

Esta misma medida va también en contravía de un pronunciamiento hecho en marzo de 2015 por la Relatora Especial sobre la Trata de Personas de Naciones Unidas, María Grazia Giammarinaroha, quien en su informe al Consejo de Derechos Humanos indicó que la protección y asistencia a víctimas de trata no debe estar condicionada a su cooperación con las autoridades encargadas de investigar y castigar a los traficantes o explotadores ni de si el delito es considerado trata o algún otro delito diferente o considerado menos grave.

"En muchas ocasiones, las víctimas de trata no denuncian porque temen represalias por parte de las redes de trata que las tienen, a ellas y a sus familias, vigiladas y controladas. ¿Por qué pedirles que asuman un riesgo más cuando lo que necesitan es apoyo para su recuperación física y emocional, y oportunidades laborales, educativas o de otro tipo para seguir adelante con sus proyectos de vida?", se pregunta Betty Pedraza, Directora de la organización Espacios de Mujer, miembro de la Alianza y recientemente galardonada con el premio "Héroe en la lucha contra la Trata de Personas" por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos

 

Justamente otro de los reparos de la Alianza frente al mencionado decreto es que ni los requisitos que existen para que una víctima de trata pueda acceder a la atención del Estado, ni los tiempos durante los cuales se presta dicha atención (5

días de atención inmediata y 6 meses de atención mediata), son los idóneos para restablecer los derechos de las víctimas de trata en el país.

Desde que se expidió el decreto 1069, hace un año, la Alianza ha insistido en que la trata de personas debe abordarse con un enfoque de derechos humanos que se centre en las necesidades de las víctimas, especialmente de las mujeres y de las y los niños, y no solo con enfoque penal de persecución del delito.

Por eso, le solicita al gobierno colombiano que ajuste el decreto a las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y establezca protocolos de atención y asistencia a las víctimas que les permita superar las condiciones de vulnerabilidad que dieron origen a la trata de personas y, por lo tanto, restablecer su proyecto de vida.

* Las organizaciones que hacen parte de la Alianza son: Formar País, Corporación Espacios de Mujer, Fundación Esperanza, Corporación Carabantú, CODEHUC, Red Tamar, FUNDEPAZ, Red Kawsay, Fundación Jhonatan, Centro de Pensamiento sobre la Trata de Personas, SINTRASEDOM, Fundación Mujer Sola, Corporación Hypatía, Corporación Tamar, Fundación Teknos, Fundación Renacer, Corporación Amiga Joven, Asociación Mundos Hermanos, Tierra de Hombres Lausanne, Women’s Link Worldwide, Corporación Anne Frank, Corporación Creser, Fundación Marcela Loaiza. Aliado Externo: CESCAMIG.

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Juliana Blanco Valdivieso


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